30 enero, 2015

Los tiempos cambian y las leyes también…

Los años pasan para todos y para todo. Si comparamos, entre muchas otras cosas, la moda de los años 80 con la actual corroboraremos que nada tiene que ver; las ostentosas hombreras o los peinados desenfrandos al estilo punk han desparecido. Y cuando no desaparecen… evolucionan. Un claro ejemplo de ello es la tecnología. ¿Recuerdan esos televisores color madera que el mando a distancia era uno mismo?

Es evidente que los avances se imponen ante todo. Por ello se producen constantes “metamorfosis” en todos los aspectos de nuestra vida. Si cambian las mentes, también deben cambiar nuestras leyes. En el mundo jurídico nos encontramos con constantes variaciones; modificación normativa, nuevas aprobaciones de textos legales, nuevos criterios doctrinales… Y todo ello para adaptarse a una sociedad contemporánea.

De hecho, el pasado 21 de Enero de 2.015, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con mayoría absoluta del PP y con el soporte de UPN, la reforma del Código Penal. Entre las principales medidas cabe destacar:

– DELITOS ECONÓMICOS. La nueva transformación intenta poner fin, o bien aminorar de forma considerable, la corrupción. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y consecuentemente le cause un perjuicio o bien cree una situación de peligro de pérdida del mismo. En las mismas líneas, y siguiendo con el mismo ilícito penal, se castigaran los contratos por prestación de servicios no útiles, los firmados sin haber autorización y los realizados a un precio superior.

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– COMISO. Para facilitar el comiso se regula un procedimiento autónomo al cual podrá acudir el fiscal si con ello facilita un enjuiciamiento más rápido de la responsabilidad penal. Para mejorar la gestión de activos intervenidos se crea la Oficina de Gestión de Activos al objeto de realizar todas las gestiones necesarias para la conservación o utilización de bienes intervenidos.

– MAYOR PROTECCIÓN A LA MUJER. El nuevo Código incluye nuevos delitos; El matrimonio forzado, con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio. Asimismo, se castigarán los actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos u otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y sentimiento de la víctima.

También se castiga la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad.
Otra incorporación de delito en el Código Penal es la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, aspecto que resulta muy relevante para todos los asuntos de violencia de género.

El nuevo cuerpo legal, además, considera como delito las injurias leves y vejaciones injustas cometidas en el contexto de VIDO, de modo que el Juez podrá imponer penas de multas, siempre que quede acreditado que entre el acusado y la víctima no exista un vínculo económico, a fin de que ésta no pueda verse perjudicada.

– MENORES. Se considera un hecho delictivo cualquier acto de carácter sexual con menores de dieciséis años, excepto si se trata de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar madurez y desarrollo. Asimismo, hacer presenciar un menor de dieciséis años relaciones de terceros o abusos cometidos sobre terceros, así como contactar con ellos por medios tecnológicos para que faciliten imágenes pornográficas también será tipificado como delito.

– PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. Con la reforma se castiga la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de sus titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (por ejemplo, a través de la publicidad), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas a internet.

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– PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, a los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio.

También se aplicará este tipo de pena en algunos tipos de asesinatos agravados; cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona vulnerable, cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, en los múltiples y en los cometidos por miembros de una organización criminal.

La nueva pena comporta un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo establecido de entre 25 y 35 años, en función del delito del que se trate. Sólo, a posteriori de este periodo, se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos.

– LIBERTAD CONDICIONAL. Esta medida pasa a ser regulada como una suspensión de la pena. Es decir, si una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser ingresado nuevamente en prisión para que siga cumpliendo la condena desde el momento en que quedó en suspenso.

– MEDIDAS DE SEGURIDAD. El código Penal prevé, como medidas de seguridad, el internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o de educación especial, que se cumplan antes que la pena. Sólo serán aplicables cuando el Juzgador entienda que existe una probabilidad muy alta de comisión de delitos de gravedad.

– SUPRESIÓN DE LAS FALTAS. Para reducir el número de asuntos menores, que sobrecargan los Juzgados, se ha decidido suprimir las Faltas. En todo caso pasaran a ser delitos leves, de escasa gravedad y que asimismo estarán castigados con penas de multa. El procedimiento a seguir todavía se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando.

– ASESINATO Y DETENCIÓN ILEGAL. El Código Penal actualiza este delito, considerando como tal ilícito penal, además de las circunstancias ya previstas (alevosía, por precio, recompensa o promesa y ensañamiento), el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o bien para evitar ser descubierto.
Asimismo, se establece el homicidio agravado si la víctima es menor de dieciséis años o es una persona especialmente vulnerable y cuando esté presente un móvil sexual. También lo será si se comete sobre agentes de la autoridad o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

– HURTO Y ROBO. Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que se castigará los casos en que lo sustraído no supere los 1.000 €. El juez podrá tener en cuenta la capacidad económica de la víctima para fijar el límite entre el delito leve y (castigado con la pena de multa) y el delito (pena de prisión).
En caso de multireincidencia, delincuencia profesional y organizada se podrá condenar con el tipo agravado; por el delito, con penas de uno a tres años de prisión, y en los casos más graves la pena podrá ascender hasta los 4 años de prisión.
Independientemente de la cuantía sustraída, en ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe, la profesionalidad, la utilización de menores de edad y el hurto de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones, se considerará delito de hurto. También se incluyen los robos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas que causen perjuicios graves. En caso de portar armas o pertenecer a un grupo criminal, constituido para cometer delitos contra la propiedad, agravarán el delito.

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– ATENTADO, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA. En el delito de atentado, la reforma incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Asimismo, y habida cuenta que las conductas son muy diferentes, se ha optado por bajar la pena mínima y agravarla cuando se utilicen armas u objetos peligrosos, se lancen objetos contundentes o líquidos inflamables o corrosivos, se acometa con un vehículo de motor o suponga cualquier acción que conlleve un peligro para la vida o pueda causar lesiones graves.

Otra novedad del código es la definición de alteración del orden público, haciendo referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. En este sentido, por ejemplo, también se castigará a los que animan a otro a cometer un delito de daños.

Solo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público (es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia consecutivos de desórdenes graves en esas convocatorias). Otro supuesto que también se castigará es la interrupción del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte que causen una grave alteración de la prestación normal del servicio.

– INCENDIOS FORESTALES. La reforma contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales considerados graves. El Código Penal elevará la pena hasta seis años de prisión.
Cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigaran del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, de modo que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado (este caso supone 9 años de prisión).
La reforma también incorporará la posibilidad de imponer al responsable actuaciones a reparar el daño causado y se considerará la atenuante de reparación de daño.

– DELITOS DE INCITACIÓN AL ODIO CONTRA LAS MINORÍAS. La tipificación de estas conductas es modificada para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la Decisión Marco de 2.008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, aunque supera a esta última al reflejar el rechazo radical de todos los actos de incitación a la discriminación, odio o violencia del que puede ser víctima cualquier colectivo o minoría.

– INMIGRACIÓN. Se ha modificado la redacción actual del delito de trata de seres humanos para incluir la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas y se ha delimitado el concepto de vulnerabilidad. También, se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro de lesiones graves.

– ESTERILIZACIÓN. El tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas se reconduce a la vía civil. La despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías.

– MAYOR PROTECCIÓN PENAL DE ANIMALES. La reforma hace una definición de animales protegidos, que incluye a los domésticos, a los habitualmente domesticados, a los que viven bajo control humano y a todos los que no viven en estado salvaje. La pena se ve agravada cuando se causa la muerte y se añade la posibilidad de imponer una inhabilitación para la tenencia del animal.

– RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Se introdujo, en trámite de enmiendas, una significativa modificación en esta materia ya que se hace una supresión del nuevo delito de omisión del deber de control que recogía el proyecto y tipificaba la conducta del administrador que no implementara planes de prevención del artículo 286.6 del Código Penal.

También se hace una limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de delitos cometidos por sus dependientes cuando existe una infracción del deber de supervisión sobre los mismos sólo a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter “grave”.

Por otro lado, también se establece la previsión de que las funciones de supervisión a que se refiere el artículo 31 bis.2.2 puedan asumirse por el órgano que tenga legalmente encomendad la función de supervisión.

La aprobación de la reforma del Código Penal ha suscitado mucha polémica por la oposición, así como por diversos colectivos profesionales. En este sentido, el Consejo General de la Abogacía Española considera que la reforma referida a la prisión permanente revisable es inconstitucional, por ser contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española.

La abogacía española también ha manifestado su disconformidad con otras reformas legislativas, vinculadas al código penal, como es la supresión de las faltas por ser derivadas al sistema de sanciones administrativas y civiles, produciendo todo ello un perjuicio para el ciudadano. Pues, éste deberá abonar las tasas judiciales en su oposición a las sanciones, perdiendo asimismo el derecho a la tutela del juez imparcial e independiente.

Por ello, diversos catedráticos de Derecho penal han hecho público un manifiesto en el que critican la reforma del Código Penal, por entender que la misma goza de una gran “pobreza técnica” y por prescindir de las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales.

Estas modificaciones del Código Penal son fruto del resultado de la alarma social que han producido ciertos hechos delictivos en los últimos años. Sin embargo, ¿una reforma legislativa, puede encontrar su justificación en una alarma social?

Fdo. Lídia Villanueva Garcia
– Abogada –

Escrito por Lídia