16 junio, 2015

ANÁLISIS DEL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Recién aterrizada de Ibiza, tras pasar unos días visitando a nuestros clientes y celebrando juicios, soy consciente de que ya empieza una nueva temporada. El trabajo en la delegación de Ibiza incrementa a ritmo vertiginoso, y es que ahora es época de muchas «idas y venidas» de gente procedente de diversos destinos.

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El buen tiempo, el ambiente y la magia de la isla son los ingredientes principales que invitan a salir por la noche y a tomar una copa. Con ello, sin embargo, también incrementa la perpetración de determinados ilícitos penales como son las alcoholemias, el delito de lesiones o el delito contra la salud pública. De hecho, éste último es uno de los más habituales.

En muchas ocasiones en las que las autoridades intervienen las sustancias y hay testigos en contra, debemos analizar todos y cada uno de los detalles.

Cuando nos encontramos en un procedimiento donde el delito contra la salud pública es el protagonista, debemos atender a diversas circunstancias. En primer lugar, asegurarnos de la cantidad y la pureza de la sustancia intervenida. Pues podríamos encontrarnos entre el límite del consumo propio y/o compartido, entendiéndose, en este sentido, la mera posesión de sustancias como una modalidad atípica y no constitutiva de delito.

El Código Penal sitúa estas conductas en el artículo 368 y siguientes del mismo cuerpo legal, dentro de los llamados DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

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La jurisprudencia para diferenciar entre posesión para autoconsumo y tráfico de drogas debe acudir a la prueba indirecta o indiciaria. Asimismo, ha venido estableciendo como requisitos:

1.- Que haya una pluralidad de hechos-base o indicios

2.- La precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo.

3.-La necesidad de que sean periféricos o concomitantes, respecto al dato fáctico a probar.

4.- La interrelación entre dichos indicios.

5.- La racionalidad en la inferencia, enlace preciso y directo.

6.- La expresión de la motivación de como se llegó a la inferencia.

 

En estas líneas, los dos requisitos establecidos para considerar una conducta como constitutiva de tráfico de drogas son los siguientes:

a) Que el acusado posea sustancias prohibidas. Este es un dato objetivo que debe ser acreditado con hechos externos.

b) Que exista un ánimo de traficar con ellas, conocido como la «preordenación al tráfico», elemento subjetivo que se determina por datos e indicios.

Por otro cantón, analizada la diferencia entre el autoconsumo y el tráfico de drogas, en caso de tratarse de éste último y cumplirse los dos requisitos para ello, debemos atender a que no se haya vulnerado un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Española, como es el derecho a un proceso con todas las garantías, y concretamente la observación de la conocida CADENA DE CUSTODIA.

 

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La cadena de custodia es el procedimiento de recogida, traslado y custodia de las evidencias. Tiene como objetivo garantizar que desde que se recogen las sustancias relacionadas con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, debe ser lo mismo. Así pues, se satisface la garantía de la identidad de la prueba.

Las sustancias deben pasar por distintos lugares para verificar los correspondientes exámenes, de modo que es necesario tener la completa seguridad de que lo que se traslada, se mide, se pesa y analiza es lo mismo en todo momento; desde el instante en que se recoge del lugar del delito hasta el momento final en que se estudia y destruye.

En este sentido, la cadena de custodia lo que determina es la validez de la prueba, e indirectamente, de su resultado por cuanto la infracción de sus normas puede determinar que se «aparte» o «expulse» del procedimiento penal la evidencia y/o resultado que se contuviere en el informe pericial. Debe haber una relación directa de los hechos objeto de enjuiciamiento con la verosimilitud respecto de la prueba pericial habida cuenta que no puede haber un juicio justo sin una relación directa de la citada evidencia de hechos.

Actualmente, y en relación a la mentada cadena de custodia, existe una orden, de 13 de Mayo de 2.010. Tiene por objeto regular las normas para la recogida, preparación y envío de muestras para su análisis en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como nuevos formularios para la remisión de muestras, que presentan con claridad los datos necesarios para identificar los paquetes y muestras, asegurando el mantenimiento de la cadena de custodia y facilitando el control de las muestras y la devolución o destrucción cuando finaliza el procedimiento correspondiente.

No hay una regulación específica para decretar la invalidez de la prueba y su consecuente imposibilidad de valoración. Sin embargo, en los casos en que se producen infracciones graves de la cadena de custodia puede acordarse la invalidez de la prueba dada la existencia de numerosas irregularidades.

De todos modos, y habida cuenta la laguna jurídica respecto al presente tema, la extensa doctrina y la diversidad de jurisprudencia, se debe analizar si concurren los supuestos necesarios para poder decretar la invalidez de la prueba.

En ARBITRIUM Advocats contamos con más de 12 años de experiencia y ganando Sentencias desde el punto de vista técnico, sabiendo ver con excelente criterio esta clase de errores.

Fdo. Lídia Villanueva García
– Abogada-

Escrito por Lídia