29 marzo, 2016

Revelación de secretos

A un pie de disfrutar de unas merecidas, aunque cortas, vacaciones de Semana Santa somos unos cuantos quienes ya pensamos en el colapso del buzón de correo electrónico y/o postal, que encontraremos a nuestro retorno y que hará que nos evadamos, muy velozmente, de esos días de desconexión.

         A la vuelta podremos comprobar si alguien ha accedido a nuestros mensajes de correo electrónico, cartas o a cualesquiera otros documentos o efectos personales. Bien seguro que en alguna ocasión, al abrir el buzón de vuestro respectivo domicilio, os habréis encontrado con alguna carta abierta. Posiblemente, por error del cartero que ha repartido la referida carta en el buzón de un vecino y éste la abre pensando que es suya. Sin embargo, no siempre existe tal confusión. En algunas ocasiones, esta apropiación de la correspondencia es intencionada.

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         Así pues, nos encontramos ante el conocido delito de Revelación de Secretos. Quizás por la nueva tecnología, que año tras año avanza cada vez más, por la amplia gama de redes sociales… Sin embargo, los procedimientos judiciales por el referido ilícito penal ha aumentado en nuestros Juzgados.

         El delito de revelación de Secretos se encuentra previsto y penado en el artículo 197 del Código Penal. Según el criterio del Tribunal Supremo, el apartado 1 del referido artículo, contiene dos tipos básicos definidos por modalidades comisivas distintas, como son:

         1.- El apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales.

         2.- La interceptación de las telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

         Para la consumación de dicho tipo es suficiente su aprehensión virtual, es decir, no es necesaria la aprehensión física, puesto que únicamente se requiere que la persona que cometa el delito se haga con el contenido, de cualquier forma técnica, que permita su reproducción a posteriori. Así pues, el delito se consume tan pronto se accede a los datos, apropiándose del documento o utilizando el sistema de grabación o reproducción de sonido o de imagen (elemento objetivo) junto con la finalidad del precepto que no es otra que descubrir los secretos o vulnerar la intimidad (elemento subjetivo), debiéndose tratar de una conducta típica dolosa, habida cuenta que el delito de revelación de secretos no prevé conducta imprudente alguna.

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         Para poder comprender el concepto de «revelación de secretos», dado que su idea puede resultar muy amplia y confusa, debemos atender a la finalidad protectora del tipo. En este sentido, el artículo 197 tutela dos bienes que son la salvaguarda de los secretos propiamente dichos y la intimidad de las personas. En estas mismas líneas, el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 553/2015, de 6 de Octubre de 2.015, establece que «el bien jurídico protegido es la intimidad individual«.

         Si bien el tipo básico del artículo 197.1 del citado texto legal castiga al reo con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, la misma pena se impone al que, sin estar autorizado, se apodera, utiliza o modifica datos de carácter personal o familiar de otro que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. Para que se consideren de ámbito reservado deberán formar parte de la esfera privada del sujeto afectado.

         Asimismo, el precepto legal, concretamente en el apartado 4 del mismo, prevé que cuando los hechos descritos en los apartados 1 y 2 son cometidos por personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos, o telemáticos y/o se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de la víctima se impondrá la pena de prisión de 3 a 5 años, y en caso de que dichos datos sean difundidos se impone la referida pena en su mitad superior.

         En estas líneas, y a los efectos de ilustrar los requisitos de los apartados 1 y 4 del artículo 197 del Código Penal, indicar un caso reciente del año 2015, a fin de facilitar la comprensión de dichos preceptos; El acusado grabó dos videos, con su teléfono móvil, a una mujer, sin autorización alguna por parte de ésta, encontrándose la víctima tumbada desnuda sobre la cama y en un estado de inconsciencia – dormida o afectada por el consumo o no de alguna sustancia tóxica- y le realizó diversas fotografías, tres de las cuales remitió por medio de Whatsapp a un amigo. En el presente caso, y tras las pruebas practicadas en el acto de Juicio, entre ellas, la declaración de la víctima se corroboró que el acusado hizo las referidas fotografías del cuerpo desnudo de la misma y las remitió sin su consentimiento; declaración que asimismo fue corroborada por dos testigos que recibieron dichas fotografías. Así pues, quedó debidamente acreditado,  que tal consentimiento de la víctima no existió, por lo que el hecho de que el acusado fotografiara el cuerpo desnudo de la misma, mientras dormía y lo remitiera vía Whatsapp a un tercero, dicha conducta vulneró, claramente, la intimidad de la persona afectada.

         Quizás el caso más arriba expuesto sea uno de los más comunes, en cuanto al delito de revelación de secretos nos referimos. Sin embargo, también son numerosas las causas en las que acusado/a accede a una cuenta personal ajena. Pues, es evidente que el hecho de acceder, por ejemplo, a una cuenta de correo electrónico ajena, editar la misma, cambiar las claves de acceso y/o colgar imágenes comprometidas suponen la comisión del delito objeto de análisis en el presente artículo.

         Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en que una persona en trámite de divorcio coge el teléfono móvil de su todavía pareja para acceder a; mensajes guardados, a su contenido, etc.? Según la Sentencia del Tribunal Supremo nº 694/2003, de 20 de Junio, la llamada «dimensión familiar» de la intimidad no autoriza en modo a alguno a uno de los cónyuges a violar el derecho fundamental a la intimidad que, como persona, tiene el otro cónyuge, ni a vulnerar el secreto de las comunicaciones que, a toda persona otorga el artículo 18 de la Constitución española, tanto en el ámbito individual como en el familiar de su existencia. Asimismo, la Sentencia nº 194/2015 de 29 de Abril de 2015, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Jaén, dispone que se trata de derechos básicos del ser humano que no puede entenderse renunciado por el hecho de contraer matrimonio.

         Siguiendo el análisis del tipo delictivo aquí expuesto, no es cuestión baladí conocer el tipo agravado del artículo 197 del Código Penal, previsto en su apartado 3, dado que si se difunden, revelan o ceden a un tercero los papeles, documentos, cartas, etc., o las comunicaciones interceptadas, se prevé la pena de prisión de 2 a 5 años. Este subtipo agravado tiene su fundamentación en que las acciones de divulgación incrementan la vulneración de la intimidad de la víctima. El mismo tipo agravado, sin embargo, prevé una pena inferior de 1 a 3 años de prisión y multa de 12 a 24 meses cuando se facilita la revelación de secretos, aún no habiendo formado parte de su descubrimiento, pero a sabiendas de que la información revelada tiene un origen ilícito.

         No sólo debemos estancarnos en el tipo agravado, previsto en el apartado 3, ya que el delito de revelación de secretos, a lo largo de su articulado, también dispone otros supuestos agravados. Entre ellos, aquellos casos cuyo fundamento deviene la especial protección de lo que se denomina el núcleo duro del derecho a la intimidad (salud, ideología, vida sexual, creencias, etc), además de los casos en que la víctima sea un menor de edad o un incapaz.

         Por otro lado, también debe aplicarse el agravante en aquellos supuestos en que se realiza la conducta ilícita, ya descrita, con fines lucrativos. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 9 de Octubre de 2000, indica que debe aplicarse este subtipo cuando «se produzca el apoderamiento de secretos de otro con el fin de utilizar éstos en el propio beneficio del sujeto cuya finalidad lucrativa constituya un incremento del injusto«.

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         Por último, el mismo articulado también castiga con pena de prisión, si bien más acotada, siendo ésta de 3 a 1 año y multa de 6 a 12 meses, a las personas que sin autorización del perjudicado difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales que hubiera obtenido con su consentimiento en un domicilio o cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, de modo que menoscabe gravemente la intimidad de la persona afectada.

         Actualmente existen numerosas posibilidades de acceder a datos de terceras personas. Dejarse el correo electrónico abierto, acceder a un buzón postal o entrar en una red social ajena no resulta muy complicado… Sin embargo, las consecuencias de lo que parece una absurdez pueden conllevar a «manchar» un expediente limpio de antecedentes. Desde ARBITRIUM ADVOCATS os aconsejamos que, antes de iniciar cualquier tipo de actuación, os asesoréis jurídicamente para conocer si vuestra intimidad se ha visto vulnerada.

Escrito por Lídia